Por muchos años Fernando Olórtegui Crispín logró que sus estrechos vínculos con Sendero Luminoso y el Movadef no afectaran su carrera pública como docente. Sin embargo, su suerte se terminó el pasado lunes, pues la justicia peruana lo condenó a 16 años y 3 meses de cárcel por el caso Perseo. Y, además, le ordenó que pague S/500,000 de reparación civil a favor del Estado.
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Gracias a esta sentencia, el camarada ‘Crispín’ está inhabilitado de por vida para ejercer su carrera como profesor.
Pero ¿cómo es que un hombre cercano a la cúpula senderista logró reincorporarse como maestro en el Ministerio de Educación luego de una primera sentencia por terrorismo?
En 1991, ‘Crispín’ fue enviado al penal Castro Castro, donde pasó once años enarbolando la bandera roja de la sanguinaria organización terrorista de Abimael Guzmán.
En 2006 —tres años después de salir en libertad— postuló, a través de un concurso público, a una plaza en el Colegio N.° 8167 de Comas. Pese a que su puesto era administrativo, Olórtegui dictaba clases a los niños de primaria mientras se desempeñaba como secretario del Movadef.
A pesar de sus antecedentes, fue contratado de manera permanente, pues su vinculación se hizo bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276, que establecía la naturaleza indefinida.
Por ello, siguió realizando actividades políticas y clandestinas en favor de la demencial ideología senderista, afectando con esa prédica a los niños y sin temor a ser despedido. Mientras era ‘profesor’ a la vez recibía S/100,000 en efectivo para impulsar la inscripción de Movadef en 2007 y firmó su acta de fundación en 2009.
Incluso, después de haber sido capturado en 2014 junto a 23 dirigentes del Movadef y haber cumplido seis meses de prisión preventiva, Olórtegui pudo reincorporarse a sus labores en la escuela de Comas.
Si bien el Minedu intentó separarlo preventivamente, un juez ordenó su reposición a fines de 2016 apelando al D.Leg. N.° 276, que le otorgaba estabilidad laboral.
De nada sirvió la Ley 29988, promulgada por el Congreso en 2013, que ordenaba la separación de profesores y personal administrativo condenados por el delito de terrorismo, ya que recién fue reglamentada en 2017.
Ante esta serie de vacíos legales y deficiencias en la ley, al Minedu no le tocó más que trasladarlo a la UGEL N.°4 de Comas como especialista en el área de Archivo.
No obstante, con la reciente sentencia en su contra, Olórtegui no podrá enseñar más en un colegio público. Ni él ni ningún senderista deben pisar las aulas de un colegio.
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