Nueva ley policial deja sin opción de ascenso a Víctor Revoredo, Harvey Colchado y otros 400 coroneles

Una reciente encuesta de Ipsos, publicada a finales del mes en Perú21, reveló que un 44% de peruanos pedía que el Gobierno priorice la lucha contra la delincuencia, y otro 43% pedía acciones concretas contra la corrupción. Sin embargo, con la Ley 31873, que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional, ambas preocupaciones ciudadanas se van por la borda.

La Ley 31873 —publicada ayer en el diario oficial El Peruano— es una suma de proyectos presentados en la comisión de Defensa del Congreso por parlamentarios como Edwin Martínez y Raúl Doroteo (investigados en el caso Los Niños de Acción Popular), Paul Gutiérrez, Víctor Cutipa, Alex Flores, Segundo Montalvo (izquierdistas que llegaron al Congreso con Perú Libre). También se suma las iniciativas de Roberto Azurín (Alianza para el Progreso); Roberto Chiabra (independiente) y Martha Moyano (Fuerza Popular).

Actualmente, la norma ya le exige a los coroneles, que buscan convertirse en generales, cursar el Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo Nacional (PAMOID) que dura dos semestres en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, de tener un historial impecable, acciones distinguidas y condecoraciones. Pero todo eso ha cambiado

La nueva norma ahora le pide a los oficiales que buscan el ascenso tener en su legajo una maestría, adicional, de un año, obtenida en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional; sin embargo —y el diablo está en los detalles— este grado se obtiene actualmente, como opcional, solo entre el tránsito de comandante a coronel. Es decir, si un coronel, hoy por hoy, no llevó la maestría, ya no lo podría hacer, metiéndolo así a la congeladora.

Esta Ley perjudica a aproximadamente a 400 coroneles que llegaron a ese grado por los méritos obtenidos en las calles trabajando contra la criminalidad o enfrentando organizaciones criminales del narcotráfico, la corrupción, el terrorismo o trasnacionales. Entre ellos Víctor Revoredo, quien hoy es objetivo militar del Tren de Aragua por atreverse capturar a sus cabecillas; Harvey Colchado, actual jefe del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y quien ha liderado operativos anticorrupción contra los políticos más conocidos del país; Franco Moreno, exjefe de la Diviac y de la División de Secuestros quien desde esa unidad logró desarticular al Escuadrón de la Muerte; Max Anhuamán, quien desde la Dircote investiga al actual congresista Guillermo Bermejo; y Walter Lozano, actual jefe de Inteligencia de la Dirandro que investigó la red de Rodolfo Orellana, el clan Eteco y logró la captura del cabecilla terrorista ‘Artemio’.

En tiempos en donde se exige en las calles combatir la delincuencia y el crimen organizado con los mejores hombres, la Policía se dará el ‘lujo’ de prescindir de ellos.

Este diario buscó la versión del Ministerio del Interior, sin embargo, dijeron que la posición la dará en las próximas horas el alto mando policial, y aclararon que “esta Ley no forma parte del Plan Boluarte”, el mismo que busca emular el Plan Bukele.

El congresista Roberto Chiabra defendió la Ley 31873 y aseguró que los cambios para el proceso de ascenso fueron previamente coordinados con la comandancia de la Policía Nacional.

En diálogo con Perú21, el legislador explicó que esta norma, que impulsó con otros parlamentarios, nació para que no se repitieran los cobros que hacía el exsecretario presidencial Bruno Pacheco a coroneles PNP que buscaban ser promovidos a generales.

“Una entrevista que hacía el comandante general de la PNP valía 50 puntos sobre 100, ¿era justo? ¿Cuántos ascendieron con esos 50 puntos? Por eso le pagaban a Pacheco y había complicidad con el comandante, ese es el abuso que hemos cortado (…) los policías se veían obligados a pagar para ascender”, declaró.

Chiabra aclaró que la ley no aplicará para el proceso de ascensos de este año, sino que regirá desde 2024.