Despertar en Pataz es como volver a las peores épocas del país. Las bombas, secuestros y robos salen como pan caliente en la región La Libertad.
Y es que el olvido del Gobierno es un hecho: cuatro meses después de que el Ministerio del Interior haya anunciado la creación del ‘Frente Policial de Pataz’ en un acto público, solo existe la promesa de lo que se espera que algún día exista. Hace poco más de un mes, el alcalde provincial de Pataz aseguraba que el grupo de trabajo aún no se creaba porque aún no había un terreno dónde ponerlo.
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En medio de la inacción, ese mismo jueves 11 de julio, la violencia se adueñó una vez más de la Minera Poderosa, donde tres colaboradores resultaron heridos por esquirlas y uno de ellos fue secuestrado durante seis horas por los mineros ilegales. Los delincuentes ingresaron fuertemente armados durante la madrugada y dispararon contra los agentes de vigilancia privada.
Solo un par de meses antes, dos torres de alta tensión fueron dinamitadas por parqueros ilegales —grupos dedicados al robo de mineral— en las inmediaciones de la misma minera, lo que dejó a una persona muerta y otra herida.
Los ataques fueron debidamente denunciados ante las autoridades, pero lo que se ha obtenido hasta el momento es desalentador: en seis años, la empresa ha interpuesto un total de 233 denuncias por robo de minerales en sus predios, de las cuales solo una tuvo sentencia en 2022 y no se ha encarcelado a nadie hasta la fecha.
Todos los casos son vistos por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz en Tayabamba, que dirige el fiscal provincial provisional Enrique Valverde Cabrera, el mismo que les dio libertad a los 27 mineros ilegales en febrero último pese a que se les incautaron armas de fuego, celulares y explosivos al momento de su detención.
Valverde—de 37 años de edad— argumentó en su momento que no se encontraron “suficientes elementos respecto a la comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de municiones y explosivos, y otros por determinar”, tal como se lee en su resolución fiscal.
Lo mismo sucedió con 5 jóvenes que fueron capturados por la Policía mientras invadían la Bocamina 2080 en Pataz. Fueron denunciados por los delitos de tentativa de hurto de mineral y violación de la propiedad privada, pero la misma Fiscalía en Tayabamba los terminó liberando.
Otras 193 denuncias se han interpuesto de 2016 a 2024 por las conexiones de labores de minería ilegal e informal en la zona, pero ninguna de estas ha tenido una sentencia hasta el momento.
EL JUEZ Y LA LIBERTAD
En mayo de este año, luego de intervenir 46 inmuebles entre Trujillo y Pataz, un megaoperativo liderado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) capturó a 13 personas que, según la Fiscalía, formaban parte de la organización criminal La Gran Alianza, dedicada enteramente a la minería ilegal en La Libertad.
Esta es liderada por Josue Blas Lezama, prófugo conocido en el mundo del hampa como el ‘Gato Core’. Lo curioso es que los miembros de esta banda siempre logran librarse de la justicia.
Y es que el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy en Pataz, que dirige el juez Carlos Garrido Rodriguez, liberó con comparecencia restringida al policía Francisco Yvan Malqui Robles, quien, para la Fiscalía, forma parte del grupo delictivo y ha participado de diversos delitos con la banda.
En la evidencia que presentó el Ministerio Público había comunicaciones entre Malqui y otra investigada llamada Juliza Trujillo. En las llamadas durante 2022 se muestra cómo el efectivo policial ayudaba a la mujer para que evite controles policiales y coordinaba la protección que les daban a vehículos que transportaban productos ilegales.
El juez Garrido aceptó que había un vínculo en las comunicaciones entre Malqui y Trujillo, además de transacciones de dinero, pero correspondían a “una supuesta venta de un explosivo”.
El mismo magistrado liberó a otro miembro de la organización La Gran Alianza: Juan Blas Lezama, conocido como ‘Juancho’. Él es el hermano del ‘Gato Core’ y, a pesar de los elementos de convicción identificados, fue liberado con comparecencia.
Las pruebas de la Fiscalía contra ‘Juancho’ fueron, nuevamente, irrefutables. Audios y conversaciones halladas en su celular personal demostraban el vínculo que tenía con el cabecilla de la organización y otros miembros.
Lo cierto es que, mientras la minería ilegal sigue jugando del lado de la impunidad, las amenazas no dejan de llegar. Un ejemplo es que, durante las diligencias contra el grupo criminal, uno de los abogados fue amenazado.
“Ya te jodiste. ¿Quién, carajo, te mandó hacerlo declarar a tu patrocinado? Estás complicando las cosas, con…a”, se lee en uno de los mensajes.
