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Juez retrasó diligencias del equipo especial que investiga a entorno de Pedro Castillo

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Fecha Actualización
Por Alvaro Reyes Quinteros y Óscar Quispe
El equipo especial que coordina la fiscal superior Marita Barreto no solo ha encontrado trabas por el lado del Ministerio del Interior –que insiste en hacer cambios al equipo PNP que busca a los prófugos del gobierno de Pedro Castillo– sino también desde el Poder Judicial.
El juez Raúl Wensislao Justiniano Romero, titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ha retrasado diligencias que eran de especial importancia para Barreto.
Perú21 conoció que el equipo de fiscales requirió el miércoles 27 de julio, antes de Fiestas Patrias, medidas contra la organización criminal que encabezaría el presidente Castillo, pero Justiniano no ha querido tomar las decisiones firmes que se necesitan para enfrentar al poder.
Según las fuentes, el magistrado se ha inhibido de atender uno de los casos que implica a la gestión de Castillo. En su resolución, que fue notificada el pasado lunes, alegó que él no es competente para acoger este tipo de pedidos y que las solicitudes deben ser dirigidas a la Corte Suprema porque están comprometidos altos funcionarios.
Sin embargo, Justiniano “ha tenido un mal criterio” para evaluar el requerimiento, ya que el equipo de Marita Barreto no investiga a altos funcionarios, como el jefe de Estado o los ministros.
Lo que ha resultado más extraño es que en la solicitud para ejecutar diligencias no se ha hecho referencia a ningún funcionario o exintegrante del gobierno.
Las fuentes también explicaron que Justiniano fue elegido como el juez encargado “por cuestiones administrativas” que depende de la misma Corte.
Bajo escrutinio
Raúl Justiniano es un magistrado nacido en Huánuco hace 58 años. Sin embargo, gran parte de su carrera la ha desarrollado en las cortes judiciales del Santa (Áncash) y Huaura (Lima región).
A la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que tiene sede en Lima, llegó recién el 23 de mayo último en reemplazo del juez Rafael René Cueva Arenas, quien fue rotado. En esa fecha, Justiniano fue presentado por el presidente de ese fuero, el juez superior César Sahuanay.
Antes, el juez se desempeñaba en la Corte Superior de Justicia del Santa y fue cambiado a Lima mediante resolución administrativa del 20 de mayo emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Según fuentes de la Corte Suprema consultadas por este diario, el Consejo Ejecutivo aprobó el cambio a solicitud de Sahuanay.
Desde la Corte del Santa dieron buenas referencias al trabajo del juez, pero esta es la primera vez que asume un caso que implica directamente al poder de turno, cuyos integrantes son sindicados de pertenecer a una organización criminal.
“Castillo confía en el Poder Judicial”
El último lunes, el abogado del mandatario, Benji Espinoza, cuestionó el trabajo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la señaló de estar actuando políticamente para socavar la legitimidad del presidente.
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“La fiscal de la Nación se está comportando como una caja de resonancia política, cómo es posible que tome las declaraciones de un testigo a solas, a espaldas de la defensa, y luego abra investigación; así viola los derechos del presidente y sospecho que no es objetiva, dudamos de su objetividad”, declaró en el programa 2022 de Panamericana.
En esa línea, Espinoza manifestó que la confianza del mandatario está depositada en el control de las investigaciones que realizan los jueces.
“(Pedro Castillo) confía en el Poder Judicial, el último bastión de protección que tiene un ciudadano –y el presidente no deja de ser ciudadano– es el Poder Judicial; cuando el fiscal manipula los hechos, está el Poder Judicial para proteger”, enfatizó.
Lo hecho por el juez Justiniano parece darle la razón a la defensa del jefe de Estado. Aún hay una segunda instancia que puede revertir la decisión inicial. Pero, mientras tanto, los investigados tienen tiempo para ponerse a buen recaudo.
De momento, Benavides investiga al jefe de Estado por cuatro casos: ascensos militares y de la PNP; remoción del exministro del Interior Mariano González; la repartición de obras desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y el presunto direccionamiento para la compra de biodiésel desde Petroperú.
Sin embargo, hay casos del equipo especial que pueden provocar más indagaciones contra el gobernante, como las que involucran a más familiares con ofrecimientos de obras en Cajamarca.
De hecho, la fiscal Marita Barreto ya ha elevado informes a la fiscal Benavides sobre nuevos hechos que implican a Castillo. No debería sorprender que el presidente sume nuevas investigaciones penales.
Tenga en cuenta
-El exsecretario Bruno Pacheco había sido citado para hoy por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para declarar como investigado en el caso de ascensos irregulares en la Policía y las FF.AA.
-César Nakazaki, abogado de Pacheco, dijo a Perú21 que sugirió a su patrocinado no acudir y brindar sus declaraciones solo por el conducto de colaboración eficaz.
-El PJ debe contemplar la posibilidad de crear un equipo de jueces con experiencia y exclusividad para los casos que implican al gobierno.
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