Debajo de la alfombra

Las recientes declaraciones de Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos y la modificatoria al DU 003, con el objetivo de incluir a las empresas que fueron socias de Odebrecht en las investigaciones, han traído nuevamente a las primeras planas el tema Lava Jato. Ello pese a que no hay información nueva.

No es novedad que la corrupción en el Perú es endémica y que nos afecta a todos porque impide el correcto uso de los recursos del Estado. No es novedad tampoco que los peruanos hemos aprendido a vivir con ella y a dejar la indignación para otras cosas. Hemos perdido la capacidad de exigir que se nos rinda cuentas y hasta hoy no he visto a ningún colectivo organizar una marcha contra la corrupción, contra los políticos ni contra las grandes empresas involucradas en corrupción. Ya no nos indignamos, ya nos cansamos.

Hemos normalizado la corrupción al punto que somos capaces de soslayar los actos de corrupción bajo la alfombra con la excusa de los puestos de trabajo que se perderían si la empresa socia de Odebrecht es investigada.

Poco importa que los millonarios contratos hayan sido generados, en muchos casos, por actos de corrupción. Nos dicen que no se puede hacer responsable a la empresa de prácticas cometidas por “algún” gerente. Y pretenden que creamos que las socias de Odebrecht no sabían cómo era que se conseguían los contratos. Pretenden que creamos que ninguna de ellas asumió los costos de la corrupción de acuerdo con su participación en el negocio. ¿Dónde están las actas de directorio de los consorcios que formaron Odebrecht y sus socias para la Interoceánica o el Gasoducto? ¿Quién está investigando las cuentas internas de estos consorcios? ¿Quién puede creer que solo Odebrecht financiaba los sobornos, pero las ganancias se repartían? La declaración completa de Marcelo no se ha hecho pública aún. Y pese a que en junio venció el plazo de seis meses establecido por las autoridades brasileñas para que se hagan públicas las delaciones premiadas, las autoridades peruanas las esconden. Mientras tanto, la Fiscalía viene demorando sospechosamente la extradición de Toledo y a Villarán aún no empiezan a investigarla. ¿Por qué?

Sin una clase política en la que confiar, sin un Poder Judicial y un Ministerio Público que nos dé seguridad y con una sociedad donde es mejor hablar a media voz y mirar para otro lado, valiente el que se atreva a enfrentarse al establishment.