[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “La corrupción y la democracia”

Se ha presentado en esta semana el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de la Contraloría General de la República, un ranking que estima la corrupción por ámbito geográfico y por entidades por nivel de gobierno (institucional) basándose en los hallazgos de control gubernamental y en por lo menos 14 fuentes de información.

Medir con exactitud la corrupción es prácticamente una meta inalcanzable porque resulta difícil cuantificar transacciones que buscan precisamente hacerse por debajo de la mesa, de forma subrepticia, ilegal, encubierta y sin rastro. Y en consecuencia eso tampoco deja calcular el daño que ocasiona, e impide luchar efectivamente contra este problema. Por ello este trabajo de la Contraloría de medir y estudiar este fenómeno es muy importante para generar evidencia que permita prevenir, sancionar y luchar mejor contra la corrupción.

A niveles de percepción los peruanos ya la tenían clara en identificar que la corrupción continúa siendo la mayor preocupación de la ciudadanía seguida por la delincuencia, conforme lo documenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su reporte de octubre 2022 a marzo 2023. Así que el trabajo de la Contraloría viene a proporcionar información e indicadores objetivos para enfrentarnos mejor a esa corrupción que les afecta a los ciudadanos en su día a día. Hay por lo menos 18 indicadores objetivos en el INCO que van a permitir hacer un seguimiento de las instituciones públicas desde la ciudadanía.

Los hallazgos revelan, por ejemplo, 76,408 casos de fraccionamiento detectados en el año 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo y que comprometen más de 9,250 millones de soles, según el contralor Nelson Shack. También el reporte da cuenta de que hay 198 instituciones con niveles de puntaje alto y muy alto en corrupción, y en el top 10 de esa lista deshonrosa están el Gobierno Regional de Áncash, el Gobierno Regional de Piura, MTC-Provías Nacional, el Gobierno Regional de Junín, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otras. A nivel de monto, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional estimando este en 10.7 mil millones de soles.

Si miramos el Informe del Latinobarómetro 2023 veremos que a partir de sus hallazgos expone una recesión democrática de la región asociada a la corrupción, siendo este un factor que doblega las bases de las democracias. Señala que “la política se transformó en un botín para los corruptos en América Latina”. Allí mismo se puede apreciar que el apoyo a la democracia en el Perú es del 50%, sin embargo, el 91% de peruanos está insatisfecho con ella.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 de Transparencia Internacional los gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y los países puntuados como más corruptos en el IPC tienden a experimentar amenazas más violentas, y ser los peores para lidiar con ellas y garantizar la seguridad de sus poblaciones.

Esto nos muestra un círculo vicioso entre corrupción, inseguridad, insatisfacción con la democracia, y el declive de esta. La lucha contra la corrupción no es fácil ni es solo un problema público del Perú. En la medida que logremos resultados efectivos contra ella mejorará nuestra democracia y nuestra seguridad. Por eso, reportes como el INCO son un paso importante en la lucha contra la corrupción. Ser ciudadanos implica un costo porque buscar toda esa información de nuestras instituciones públicas, contrastarla, sistematizarla, analizarla y convertirla en simple no es fácil, significa tiempo y recursos que los ciudadanos a veces no tienen. Así que mientras haya instituciones pagadas con nuestros impuestos que están proveyendo información accesible y de fácil comprensión estaremos ayudando a nuestra democracia porque esta necesita de ciudadanos informados contribuyendo a fiscalizar a sus gobiernos para erradicar la corrupción y exigir a la vez un país más seguro.