[OPINIÓN] Yesenia Álvarez: “Los ciudadanos, la política y la justicia”

En los últimos días, hemos conocido varias investigaciones que develarían casos de corrupción vinculados a las altas esferas del poder de quienes parecían intocables. Uno, por ejemplo, se habría dado en el gobierno de Vizcarra y lo comprometería seriamente porque esta semana un exfuncionario público  se acogió a la colaboración eficaz y devolvió S/500 mil provenientes de presuntos sobornos. La imagen es reveladora e impactante en la historia de la corrupción en el Perú. El nombre con el que se le investiga a esta organización Los Intocables de la Corrupción no puede pasar desapercibido, porque recordemos que, además, en esa época cualquier cuestionamiento era prácticamente aplastado y protegido por influyentes de la opinión pública que incluso consideraban al expresidente como “el padre que cada peruano necesita”. Perdían de vista que la esencia de los ciudadanos es cuestionar y sospechar del poder de turno. Una y otra vez el Perú repite la historia de endiosar adalides y protegerlos a toda costa incluso cuando empiezan a aparecer críticas válidas.

Y así entramos a otro caso, el de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, cuyas declaraciones también comprometerían a altos funcionarios desde políticos, magistrados, y hasta periodistas, algunos bastante admirados por sus colegas y la opinión pública. Esto vuelve a poner en el debate público los intercambios entre poder político, el Ministerio Público y periodistas. De lo que se va revelando predomina el que busquen usar la justicia para investigar o dejar de hacerlo según los intereses políticos y no según el Estado de derecho.

Y en este punto, pese a la maraña de información, es cuando los ciudadanos deben detenerse, informarse y reflexionar para que puedan distinguir, porque la desinformación y las tribus ideológicas comienzan a tergiversar la verdad e impiden una formación de la opinión basada en ella.

Evidentemente, lo que dice Villanueva debe aún corroborarse, y vemos que sus declaraciones ya han generado que, por ejemplo, el Ministerio Público incluya en las pesquisas a tres exfiscales de la Nación. En medio de esto se ha comprometido a Gustavo Gorriti, un periodista con mucho respaldo de sus colegas y también con muchos detractores. Y si bien es cierto siempre hay que proteger la libertad de prensa y que la actividad periodística no sea perseguida, ni criminalizada, eso no significa que no deba pedirse que se investigue. Es bastante difícil que un periodista que no es una autoridad llegue en la práctica a usurpar la función pública de dirigir una investigación fiscal, pero no es imposible. Así que lo mínimo que debe hacer un ciudadano para proteger precisamente la función periodística es pedir que se investigue. Probablemente, sea solo ruido, pero tal como ha pasado antes, lo que debemos hacer es cuestionar si es así como lo señala Villanueva o si se trata del ejercicio del periodismo de investigación. Es muy temprano aún para tomar alguna posición activista porque la ciudadanía lo entiende más bien como intento de encubrir a toda costa.

La justicia no debe responder a intereses políticos y ser bien escrupulosa cuando se quiere acusar o encerrar a alguien. Los últimos hallazgos en el país son saludables porque nos muestran que la justicia alcanza a los poderosos, pero también que la componenda subsiste a alto nivel, y que en el país se trastoca la separación de poderes, se judicializa la política y se politiza la justicia.

Y en la búsqueda de un país justo, los ciudadanos no podemos renunciar a cuestionar, debemos estar del lado de la crítica, de las investigaciones rigurosas y de pedir que se le aplique la ley. Porque donde se usa la justicia para perseguir enemigos políticos, sea quien sea, no hay justicia para el ciudadano tampoco, y terminamos más cerca de sistemas autoritarios que de la democracia.