Denuncian indicios de corrupción en los manejos tras el terremoto de 2007

Solo en 4 obras se halló una sobrevaloración de S/.2.5 millones, denunció legislador Rogelio Canches, quien preside la comisión investigadora del proceso de reconstrucción del sur.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/08/2019 - 03:57

Los indicios de corrupción en el fallido proceso de reconstrucción del sur del país durante el gobierno aprista, tras el terremoto del 2007, son "escandalosos", y solo en cuatro obras se halló una sobrevaloración de S/.2.5 millones, informó hoy el legislador Rogelio Canches.

El parlamentario que preside la comisión investigadora de ese proceso estimó que más del 30% del presupuesto destinado para esas labores, de más de 2,000 millones de soles, "habría sido desviado".

Al término de una reunión de ese grupo investigador, Canches aseguró que "se llegará a las últimas consecuencias para identificar y denunciar a todos los culpables".

"Solo en cuatro obras, de las más de 900 que se han ejecutado, se sobrevaloraron labores por más de dos millones y medio (…) y no sabemos a cuánto llegará ese supuesto delito financiero cuando se concluya con las investigaciones a las más de 940 obras proyectadas", refirió.

Precisó que autoridades de las municipalidades de Pisco y Chincha no han querido brindar información sobre los expedientes técnicos, ejecución y supervisión de obras, por lo que serán citadas de grado o fuerza.

"Es necesario que esto se esclarezca para que los peruanos sepan quiénes traficaron con el dolor de un pueblo. Por ello, todas las autoridades y funcionarios del Estado tendrán que venir para que respondan y expliquen la responsabilidad que tuvieron en el proceso de reconstrucción", manifestó.

Mencionó que el denominado Bono 6,000, implementado en la gestión aprista, se entregó a personas que no fueron damnificadas por el terremoto que afectó a las ciudades de Pisco e Ica, entre otras.

Añadió que hay un informe respecto a que los bonos debieron haber sido entregados a 61,000 damnificados, pero sólo se dieron a 28,000 personas y que 33,000 afectados más tienen las tarjetas pero no se les había entregado nada.

Señaló que otro aspecto condenable es que se ha edificado un velatorio dentro del camposanto y que está funcionando como un comedor administrado por particulares.

La presentación de este informe preliminar de la investigación se realizó a dos días de cumplirse cinco años del terremoto que dejó cerca de 600 víctimas mortales, 431,313 damnificados y 91,240 viviendas destruidas.

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