Hace un mes, el 23 de septiembre último, a la presidenta ejecutiva de Essalud, María Elena Aguilar, le tocó rendir cuentas ante el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.
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Aguilar cumplió 1 año de gestión en el Seguro Social el 11 de octubre, por lo que debía exponer el detalle de los problemas pendientes por resolver para dar un mejor servicio a los casi 13 millones de asegurados a nivel nacional en la institución que tiene a su cargo.
La presentación, revisada por este diario, muestra que, además de los proyectos de inversión y gastos, existe desde hace 7 años un acumulado de más de 2,776 denuncias por casos de corrupción de funcionarios en Essalud.
Uno de los puntos tocados por Aguilar ante el ministro fue el de “integridad y lucha contra la corrupción”. Según se lee, el expediente muestra que al 2024, Essalud ha derivado 1,200 denuncias por casos de corrupción de funcionarios que no se han atendido e, incluso, muchos de ellos siguen aún trabajando en la institución.
Según pudo conocer Perú21, a pesar de que estas denuncias fueron recibidas y pasaron por las Secretarías Técnicas del Procedimiento Administrativo Disciplinario de Essalud, muchas de ellas siguen sin conseguir una resolución o sanción. El Seguro no tiene una procuraduría como la tiene, por ejemplo, el MTPE. ¿Sería oportuno pensar en la asignación de presupuesto para la creación de esta instancia en el Seguro Social?
El 46% del total de denuncias se archivaron porque, según explica la entidad, hasta mayo de 2024 “no contaban con pruebas contundentes o fueron denuncias de mala fe”. Además, se lee que solo el 7% se ha sancionado.
Una de las explicaciones por las que las denuncias a funcionarios se pueden haber estancado es que, según se revisa en el documento, la institución tiene una carga de sumarios que excede la capacidad resolutiva de sus trabajadores.
“Existe un desbalance entre la carga de expedientes de las STPADs versus el personal dedicado a la labor de calificación de denuncias”, detallaron.
Por ejemplo, en la sede central hay 172 denuncias por corrupción derivadas por la Oficina de Integridad (OFIN), pero Essalud menciona que solo cuenta en esa dependencia con ocho personas con vínculo laboral y ocho con órdenes de compra.
Del total, el 3% de denuncias no encontró buen puerto, ya que prescribieron.
¿Quién se responsabiliza?
Además de las denuncias por corrupción, la presidenta ejecutiva presentó una estadística ante el MTPE que representa los expedientes de procesos disciplinarios seguidos a trabajadores del Seguro Social.
Hasta agosto de este año, Essalud registra, solo entre 2023 y 2024, un total de 10,188 expedientes, por los cuales únicamente se han sancionado a 1,462 trabajadores con amonestaciones, suspensiones o, en pocos casos, destituciones.
Este año superó al anterior, ya que hasta agosto se recibieron 6,138 casos en total, a diferencia de los 4,144 que se registraron en todo el 2023.
Pese a que ya va a terminar el año, Essalud aún tiene 3,325 expedientes activos que tienen pendiente una resolución. De estos, a 462 casos les quedan solo 3 meses antes de que prescriban y, tal como los casos de corrupción, sean archivados.
Según lo expuesto por Aguilar, para terminar el ejercicio presupuestal, se tienen 2,813 expedientes en proceso de calificación por parte de la Secretaría Técnica.
La misma presentación muestra también las sanciones que ejecutaron en 2024, de las cuales la institución indica que 18 trabajadores fueron destituidos, 144 suspendidos y 102 amonestados por escrito, dependiendo de la magnitud del hecho denunciado.
Pero, entonces, ¿a quién le corresponde dar trámite a estos casos para tener una institución libre de funcionarios corruptos?
Desde Essalud mencionaron a Perú21 que con la presentación hecha por la presidenta ejecutiva no buscaban delegarle la autoridad al ministro Maurate, sino únicamente “informar” sobre las mejoras que vienen realizando y quedan aún pendientes.
“Estamos enfrentando los procesos administrativos y reforzando la secretaría técnica. El objetivo es seguir con la lucha frontal contra la corrupción”, aseguraron.
Por el contrario, fuentes consultadas por este diario aseguran que es el Ministerio el que debe respaldar los esfuerzos de la Presidencia Ejecutiva para encontrar una solución a tanto expediente que sigue estancado. Esto teniendo en cuenta que Essalud es una entidad pública descentralizada, adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Cuando se hizo la consulta en el MTPE, aseguraron que el Seguro Social tiene total independencia administrativa y económica, por lo que sus funcionarios no están sujetos al Ministerio.
Indicaron también que únicamente se hacen cargo de procedimientos de Essalud cuando corresponden a altos funcionarios, como es el caso de sus directores.
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