[Opinión] Joaquín Rey: Se prohíbe quebrar

Fecha Actualización

19/09/2021 - 08:30

Además de ser una afrenta para los miles de víctimas del terrorismo en el Perú, la continuidad de Iber Maraví al frente de la cartera de Trabajo tiene el potencial de causar un grave daño en el plano laboral y económico. Desde que asumió, en julio, el cuestionado ministro viene impulsando una agenda que solo contribuirá a postergar la recuperación del empleo formal y de calidad.

Esta semana, mediante el D.U. Nº 087-2021, su sector dispuso la no ampliación del régimen de suspensión perfecta introducido en abril de 2020, por lo que su vigencia llegará solo al 2 de octubre. Este régimen se estableció para permitir que las empresas cuya demanda se había reducido dramáticamente como consecuencia de la pandemia –restaurantes, cines, gimnasios y un largo etc.– pudieran suspender temporalmente la relación con sus trabajadores por un plazo de tres meses.

Si bien la figura de suspensión perfecta ya existía en nuestra legislación, el cambio introducido en abril del año pasado potenció su alance y agilizó sus procedimientos. El objetivo era uno solo: preservar empleos en un contexto de parálisis económica sin precedentes. En ausencia de un mecanismo como este, muchas empresas tendrían que haber apostado por ceses colectivos o por el camino de la informalidad para evitar una quiebra.

El mecanismo contempla una serie de requisitos para evitar su abuso. Así, por ejemplo, el empleador debe demostrar haber agotado posibilidades alternativas como el otorgamiento de vacaciones adelantadas, la reducción de la jornada laboral o una disminución salarial concertada con el trabajador. Es decir, se trata de un recurso de última instancia para evitar una pérdida permanente del empleo.

A pesar de que el funcionamiento del mecanismo ha quedado demostrado, el ministro Maraví parece creer –como es habitual en la izquierda anacrónica– que los principios fundamentales de la economía se pueden cambiar mediante ley. Pero, desgraciadamente, la realidad es bastante más dura: los despidos no pueden evitarse por decreto. Cuando una empresa no factura, solo tiene dos opciones: o reduce costos o quiebra. Si la regulación laboral no da salidas para una disminución temporal de costos en situaciones extremas como esta, las pérdidas de empleo serán mucho más grandes y definitivas. Esto es lo que inevitablemente sucederá con industrias que aún no se reactivan al 100% y que siguen apoyándose en la suspensión perfecta –al día de hoy, unos 10,000 trabajadores se encuentran en este régimen–.

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Más allá de los problemas de esta medida específica, cabe notar que el foco de este ministro sigue en el lugar equivocado. En un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores se desempeña en el mercado formal, la prioridad debería ser la incorporación a la formalidad de esos otros tres, que son, además, los de menores ingresos. Pero el foco de la regulación sigue siendo esa privilegiada minoría formal. En esa misma línea, va el incremento de la remuneración mínima vital que el ministro viene impulsando.

Para generar un impacto positivo en la población más vulnerable, no solo hacen falta buenas intenciones. Hace falta consultar la teoría y, sobre todo, la evidencia. Pero esa no parece ser una preocupación de este gobierno.

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