Peruanos tendrán seis feriados largos este año

Cada día no laborable genera pérdidas de US$400 millones, advierte Cámara de Comercio de Lima.

Fecha Actualización

25/08/2019 - 13:28

Pese a que en noviembre del año pasado, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) le sugirió al Gobierno que reduzca los 'feriados puente' para no afectar la economía, este no ha hecho eco de dicho pedido.

Ayer, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó el Decreto Supremo N° 123, el que establece los seis feriados largos no laborables del 2013 para el sector público, los que se suman a las celebraciones habituales del calendario anual.

Se trata del 11 y el 12 de febrero, del 27 y el 28 de junio, del 30 de julio, del 29 de agosto, del 7 de octubre y del 30 y 31 de diciembre. Las horas dejadas de trabajar serán compensadas durante el año.

De acuerdo con la PCM, esta medida busca incentivar el turismo interno. ¿Pero, realmente tiene impacto en este sector? ¿Y nuestra economía se beneficia con los viajes que realizan los peruanos?

GRANDES PÉRDIDASSegún la CCL, estos feriados son sumamente perjudiciales para la producción nacional. Es más, según cálculos de dicha institución, esta medida genera pérdidas diarias de 400 millones de dólares, las que podrían ser mayores si no es por los 100 millones de ganancia que genera el turismo.

Para Pablo Secada, economista y regidor de la Municipalidad de Lima, se trata de una disposición improvisada.

El especialista considera que el Gobierno actuó –nuevamente– de forma precipitada al elegir las fechas. "No hay ningún estudio detrás para asegurar el incremento del turismo", dijo en declaraciones a Perú21.

Añadió que, con este dispositivo, se pretende imponer días de descanso al sector público para evitar autorizar las vacaciones. Secada sugirió que se implementen fórmulas más creativas.

TENGA EN CUENTA-

- El Decreto Supremo N° 123 señala que los feriados no laborables sí serán considerados hábiles para fines tributarios.

- Además, indica que las horas no trabajadas serán compensadas. El sector privado podrá acogerse a este beneficio previo acuerdo entre trabajadores y empleadores.

- Los servicios indispensables –electricidad, agua y salud, entre otros– no podrán ser desatendidos.

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