Quiero informarles, con satisfacción, que desde el día de hoy ya no tengo inmunidad parlamentaria para los delitos de función, es decir, ya no tengo la protección que tienen los congresistas por el ejercicio del cargo, que les garantiza que ningún tribunal de justicia los procese si antes no lo resuelve una denuncia constitucional. En concreto, que se protegen los fueros del congresista o del excongresista hasta 5 años después de su gestión.
Se cumple 5 años del cierre del Congreso de 2019, un proceso complejo de crisis política donde “los cuellos blancos” desfilaban por el Parlamento para rendir cuentas ante la Comisión Permanente o el Pleno, y trataban de blindarse de todos los delitos que habían cometido y que obligaron al cierre del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, entidad encargada de nombrar, evaluar, seleccionar y/o sancionar a jueces y fiscales. Eso fue hasta que llegó el fatídico año 2019 para el CNM, cuando se destapan los audios de los ‘hermanitos’, que traficaban sentencias y ascensos sin ningún desparpajo, hasta casos de violaciones a niñas tenían un precio para negociar la sentencia.
Fue el año del último referéndum que terminó con las posibilidades de reelección de los congresistas y la bicameralidad, que evidentemente era una medida inmediatista y que se sumaba al cuestionamiento abierto que había contra el Congreso, pero que evidentemente era parte de la expectativa ciudadana, en vista del hartazgo que generaban las decisiones direccionadas del Congreso y que llegó a cuestionar hasta la legitimidad de un poder del Estado sometido a la mayoría absoluta que tenía el fujimorismo, que hacía y deshacía en el Congreso.
Han pasado 5 años y se terminó la inmunidad de función de los excongresistas donde me incluyo, porque bajo este mecanismo varios “coleguitas” estuvieron evadiendo la justicia, al tener unos buenos amigotes en el Parlamento, que hacían dormir el sueño de los justos cada denuncia constitucional que la Fiscalía presentaba y que el Congreso debía pronunciarse para continuar con las investigaciones de casos emblemáticos como las de los excongresistas Héctor Becerril y Luciana León.
Es momento de dar trámite a esos casos, ahora que ya no tienen inmunidad. Para ello se requiere que el Ministerio Público se manifieste y arrincone a tanto sinvergüenza que se aprovechó del cargo de congresista y de paso se eliminen estas prerrogativas de inmunidad.
